Adonde vallen los iremos a buscar

Por Candela Dolores
Foto Julia Oubiña
Una cantidad exagerada de policías rodea el edificio de tribunales federales tanto en boulevard Oroño como en calle Alvear. El pulmón que separa a la numerosa convocatoria de civiles que buscan justicia por Franco Casco de la minoría de allegados que defienden a los imputados es particularmente amplio, incluso mayor a los que hubo en días de sentencias a genocidas. La puesta en escena se prepara para la obscenidad armada de la impunidad.
Las rejas del edificio están tapizadas con banderas que enuncian la dignidad y denuncian la inhumanidad. “Sin Justicia por Franco Casco no hay Nunca Más”, indica el trapo más cercano a la puerta de ingreso, que ni siquiera se puede ver detrás del inmenso vallado. Alrededor de 300 policías custodian a sus colegas secuestradores, desaparecedores, torturadores y homicidas que terminaron con la vida del joven oriundo de Florencio Varela durante la noche del 6 de octubre de 2014.
Desde ese entonces, su padre, Ramón Casco persigue incansablemente la justicia por su hijo. En el camino, tuvo que migrar a Rosario, vio morir a su esposa, Elsa Godoy, se agrupó con otras tantas familias que sufrieron atrocidades similares, se organizó, participó de festivales, dio múltiples entrevistas y asistió a decenas de audiencias. Por cada pibe que matan las fuerzas de inseguridad nace, al menos, un militante por los Derechos Humanos. Así lo sintetizan consignas que relucen en las afueras del tribunal como “Justicia por Jonathan Herrera” u otras que reivindican las vidas de Brandon Romero y de Luciano Olivera.
La Multisectorial Contra la Violencia Institucional -Rosario-, la Banda de Madres Rosario y algunas agrupaciones sociales y políticas se hacen ver en las telas. “A Franco Casco lo mató la policía”, señala un telón. “Justicia por Franco Casco cárcel a los asesinos”, remarca otro. Bajo un cartel de campaña electoral que reza “Losada gobernadora Roselló concejal”, las mujeres de la organización Nuestramérica reparten mate cocido y tortas fritas para el sector del público que está del lado de la Verdad.
El hermano de Franco Casco hace jueguitos con una pelota y juega con un niño. Hoy se puso la camiseta que exige: “Justicia por Franco Casco”. Entre los cientos de personas que participarán hoy de la jornada, se destacan Julieta Riquelme, militante y hermana de Jonathan Herrera; y Edgardo Orellano, padre de Carlos ‘Bocacha’ Orellano. El aguante entre las familias no se negocia y, entre los bombos de sindicatos y de partidos políticos, uno reza: “Justicia por Bocacha”. Otros tienen plasmadas imágenes de Juan Domingo Perón, de Eva Duarte de Perón, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.
Procrastinación judicial
El veredicto, que iba a ser compartido el jueves pasado, se postergó para hoy con la excusa de las elecciones, por una supuesta falta de operativos policiales. ¿Cuántos policías se necesitan para preservar la injusticia? Para el tribunal federal, resguardar a los 19 cómplices demanda aproximadamente 300 efectivos, es decir, la mitad de la cantidad convocada para garantizar la seguridad en el último clásico rosarino, disputado en abril de este año, al que asistieron decenas de miles de simpatizantes.
Pero no bastó con la postergación de la fecha. Ya pasaron las 10 de la mañana y el tribunal informa que la sentencia se demorará. Estima que la espera se extenderá hasta las 13:30, aunque no se difundirá hasta pasadas las 14. En la cuadra en cuestión hay más policías que personas desarmadas. La escena es abominable y María Elena Herrera, madre de Jonathan Herrera, especula con el mal augurio que implica semejante pulmón en la separación de bandos.
Los recursos de la lucha
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota musicalizan la ansiedad de este mediodía soleado. Del lado de calle San Luis abundan las cámaras de televisión, las entrevistas y hasta hay cuadros políticos partidarios como Mariano Romero, Norma López y Daniela Vergara. Ahora se prosigue con una pegatina en el piso: un mosaico de 96 papeles tamaño A4 recrea la silueta de Franco con la consigna: “Hace 9 años todes buscamos justicia por Franco Casco desaparecido en democracia”. Más abajo, inscribe: “Es ahora. Estamos alertas”.
En un marco de mates, de bicicletas, de militancia y de familias, la pantalla dispuesta sobre el escenario muestra numerosas fotos de estos años de lucha en las que se lo ve a Ramón Casco junto a tantas personas que se han solidarizado con la causa para acompañarlo y para garantizar que Nunca Más fuera en serio Nunca Más.
Mientras arriban en motos cadetas y cadetes sindicalizades, se revuelven ollas de mate cocido y se siguen repartiendo más de 15 kilogramos de tortas fritas. En minutos se retomará la audiencia luego del cuarto intermedio y el público ya se hace sentir: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. El grupo humano que reclama justicia por Franco Casco también canta que sabía que lo había matado la policía, vocifera que quiere “para los pibes, trabajo y educación”.
Mientras un grupo de militantes cuelga sobre el vallado una enorme bandera que expresa “Armada está la yuta que asesina a nuestros pibes”, la masa les pide a los señores y a las señoras que no sean indiferentes porque matan a los pibes “en la cara de la gente”. Julieta Riquelme, por su parte, arenga: “Qué bonito, qué bonito que haya perpetua para todos los milicos (¡Asesinos!)”.
Adonde vayan los iremos a buscar
La injusticia es sintomática en el Poder Judicial y las familias de las víctimas directas de violencia institucional aguardan la excepción que confirme la regla. A las 14:08 se sintoniza la filmación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Se hace silencio masivamente para escuchar un veredicto que se burla del Código Procesal Penal de la Nación Argentina, de la familia de Franco, de sus amistades y de cada persona presente. El bochornoso fallo en disidencia determina la absolución para los 19 policías imputados y la liberación efectiva para quienes se encuentran en prisión preventiva.
La reacción es el shock y algunos gritos de “hijos de puta”. Hay silbidos y cánticos ahogados contra los garantes de esta farsa jurídica. “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, insiste la masa. “Bienvenidos a la era Pullaro, chicos”, comenta una mujer del público. La idea de que hay responsabilidad de Maximiliano Pullaro en este fallo circula por la cuadra del tribunal y, lejos de ser una acusación irresponsable y conspiranoica, tiene asidero en un pasado reciente: cuando el ahora candidato a gobernador era ministro de Seguridad, les pagó las defensas a estos acusados con fondos reservados de la provincia de Santa Fe y la militancia no lo deja pasar.
En un rato, habrá quienes opinen que la audiencia fue reprogramada a propósito y que el dictamen es parte de la campaña política del candidato derechoso, quien se jacta de recorrer la provincia con portación de un arma de fuego. En medio de una ola de homicidios asociados al narcotráfico, se votaron autoridades en elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y Maximiliano Pullaro les ganó la interna por la gobernación a Carolina Losada y a Mónica Fein en la coalición Juntos para Cambiar Santa Fe. Losada, incluso, lo había acusado de representar al narcotráfico semanas atrás; pero ahora llama a votar por él.
Los fundamentos del atropello judicial se darán a conocer el 25 de septiembre de este año y la querella se aferra a la posibilidad de apelar, con la esperanza de que la disidencia del presidente del tribunal, Otmar Paulucci, quien votó por prisiones perpetuas y por una condena a 6 años de prisión para algunos de los imputados, sea contrapeso suficiente para no dejar sueltos a estos 19 cómplices del secuestro, de la detención ilegal, de las torturas, de la muerte y/o de la desaparición de Franco Ezequiel Casco.
En pocos minutos, el grueso de la convocatoria se acerca al extenso vallado para ladrarles a los cagones que están detrás: “Justicia, basura, vos sos la dictadura”. Una mujer discute con una joven que sugiere no pisar las vallas para no darles de comer a los uniformados. “Estos ratis me mataron a un hijo, nena”, retruca la mayor.
¿No hay delito?
La última dictadura cívico-militar-clerical se caracterizó, entre otras cosas, por la imposición de la figura de “desaparecido” amparada en la premisa: “Sin cuerpo no hay delito”. En esta desaparición forzada en democracia, sin embargo, sí hay cuerpo. Hay un cuerpo que fue hallado en el río Paraná el 30 de octubre de 2014. Es el cuerpo de Franco Casco. Además, hay evidencia científica que demuestra que él fue torturado y que murió por asfixia seca, con una compresión de la caja toráxica o de las vías respiratorias que provocó un rompimiento de tejidos por la fuerza inusual que Franco tuvo que hacer para respirar, de manera que el derramamiento de sangre generó lo que el equipo forense denominó “pulmón en lucha”. También hay testimonios de pibes que estuvieron detenidos en la comisaría séptima, pero para dos tercios del tribunal sus declaraciones no valen. La absolución de los 19 imputados es la manifestación técnica de que para esos dos jueces no hubo delito. ¿Quién mató a Franco Casco si esos 19 asesinos no lo hicieron? ¿Quién tiró su cuerpo al río? ¿Quién lo desapareció? ¿Quién lo secuestró? ¿Quién lo torturó? La decisión del tribunal no solamente es ajena a la hipótesis de la fiscalía, sino que es incompatible con todos los escenarios posibles de la realidad.
Diego José Álvarez, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Ruth Elizabeth Contino, Enrique Nicolás Gianola Rocha, César Daniel Acosta, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández y Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Belkis Elizabeth González, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortíz, Franco Luciano Zorzoli, Pablo Andrés Síscaro, Daniel Augusto Escobar y Alberto Daniel Crespo son cómplices con diferentes grados de responsabilidad en torno a los crímenes cometidos contra Franco Casco aquella noche de octubre.
Y los jueces Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez votaron que quedaran en libertad. Después de 9 años en la búsqueda de justicia, este fallo criminal es una cachetada. Julieta Riquelme, entre lágrimas, sube al escenario y es aplaudida. Aclara que en el año 2017 pasó lo mismo en la causa contra los homicidas que mataron a su hermano, Jonathan Herrera, en la que la “Justicia” falló a favor de los policías asesinos. “No se terminó acá”, advierte. “Vamos a seguir porque acá todos sabemos que a Franco Casco lo torturó, mató y desapareció la policía”, recuerda. “No vamos a parar hasta que haya justicia”, concluye. La concentración va mermando y, después de gritos y cánticos, el silencio se adueña de una cuadra repleta de policías en la que no hubo ni siquiera un piedrazo por parte de quienes padecen esta injusticia imperdonable.