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Memoria, Verdad y Justicia por David y Emanuel.




Por Cristian Maiola 

El Estado reconoció el jueves pasado que David Campos y Emanuel Medina murieron por balas policiales que atravesaron sus cuerpos mientras estaban inmovilizados e indefensos tras colisionar contra un árbol en Callao y Arijón, luego de una persecución de aproximadamente 20 minutos que recorrió la zona sur de Rosario.

El Estado reconoció con su fallo que hubo una respuesta excesiva y desproporcionada del uso de la fuerza hacia estos jóvenes, como así también  una actitud corporativa de encubrimiento por parte de les policías que actuaron el 23 de junio de 2017.

El tribunal compuesto por les jueces  López Quintana, Chiabrera y Lanzón resolvió por unanimidad condenar a Alejandro Bustos y Leonel Mendoza a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado. Ambos efectivos fueron quienes perpetraron los disparos mortales e intentaron implantarles armas a los jóvenes muertos. A su vez, el agente Marcelo Escalante fue condenado a siete años de prisión por el delito de abuso de armas calificado y encubrimiento doblemente agravado, y Hugo Baroni (jefe de tercio del Comando Radioeléctrico en el momento del hecho) a cinco años por encubrimiento. Sobre estos dos últimos se dispuso una "inmediata detención", ya que al Juicio Oral y Público sólo Bustos y Mendoza llegaron en calidad de detenidos. El resto de les 15 efectives juzgades recibieron condenas de tres y un año por el delito de encubrimiento calificado.

El fallo fue calificado de “inédito” por las familias de David y Ema, les abogades Marcia López Martín, Santiago Bereciartúa  y Federico Garat y las organizaciones sociales que les acompañaron durante este tiempo como la Multisectorial Contra la Violencia Institucional. Los antecedentes inmediatos en el cual policías fueron juzgades en Juicio Oral y Público por violencia institucional en Rosario fueron por los asesinatos de Jonatan Herrera, Maximiliano Zamudio y Brandon Cardozo. Sólo en este último caso se obtuvo una condena ejemplar, en los otros dos hubo importantes absoluciones. Pero el aspecto que le da su carácter de inédito son las cantidades de condenas hacia quienes perpetraron un “operativo de encubrimiento”, en palabras del Fiscal Adrián Spelta, una vez producido el fusilamiento. En un comunicado de la Multisectorial se expone que sienta “un precedente importante y necesario en el camino de garantizar la no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos, reeditando, en el actual contexto democrático, la vigencia del NUNCA MÁS”.

El 23 de junio de 2017 David y Emanuel habían salido la noche anterior a festejar un campeonato de Boca. Ya en horas de la mañana comienzan a ser perseguidos en la zona de Grandoli y Gutiérrez por dos efectivos de la policía motorizada. Al cabo de unos veinte minutos, el automóvil en el que se conducían impactó contra un árbol, ubicado en la calle Callao entre Cazadores y Arijón. Durante la investigación y en el Juicio se pudo comprobar que David y Emanuel estaban desarmados y no efectuaron disparos. Inmovilizados e indefensos, policías que llegaron al lugar dispararon hacia el auto. David recibió 3 disparos en su cuerpo y Emanuel 9. “Los quemaron, boludo, los quemaron”, se escucha en un video filmado por un vecino desde Cazadores cuando van llegando los móviles policiales. “-Les empezaron a tirar cuetazos los milicos -¿a los chorros? Mejor que los maten”, se escucha un diálogo en otro filmado desde Arijón. Las pruebas recogidas en el lugar del hecho permitieron recabar que los agentes Bustos y Escalante fueron quienes más disparos efectuaron. Dos testimonios de policías imputadas por encubrimiento a los meses del hecho permitieron sindicar al agente Mendoza como el autor material de un disparo en el rostro de David en una segunda secuencia. También estos testimonios permitieron demostrar el encubrimiento que se montó una vez consumado el fusilamiento.

Esa mañana hace 3 años y 5 meses Eduardo, el padre de David, se encontraba trabajando de camionero cuando escuchó por radio que un Volkswagen Up, con las características del auto que hacía poco tiempo su hijo se había comprado, estaba chocado en un árbol en Callao al 5700. Avisó al hermano de David para que se acerque al lugar pero no le especificó que el hecho había sido en el marco de un operativo policial.  Al llegar, este se encontró con un escenario inesperado, chatas policiales acordonando a media cuadra del suceso, tanto por Arijón como por Cazadores. En el lugar estaba presente el fiscal Spelta dando una entrevista a medios de comunicación diciendo que la policía le informaba que dentro del auto siniestrado aparentemente se encontraban 2 armas. El hermano de David se le acercó en medio de la entrevista en vivo y pidió hablar con él. Acto seguido, el reconocimiento en el lugar y la imagen de él llorando vestido con camiseta de River Plate alejándose del auto y un aparentemente indiferente Spelta cruzado de brazos, saco y corbata y gafas de sol.

El fallo del jueves pasado fue el final de un recorrido que comenzó ese 23 de junio de 2017, pero que a su vez dialogó con recorridos anteriores y presentes. Por medio de contactos entre familiares y conocides que militan en organizaciones, la Multisectorial intervino desde un primer momento. Mientras les primeres entre medio del aturdimiento buscaban con dificultad que alguna funeraria les acepte los cuerpos de jóvenes muertos en medio de un supuesto enfrentamiento con la policía, empiezan a recibir experiencia en forma de recomendaciones por parte de familiares de víctimas de violencia institucional y abogades de “la Multi” (como le dicen sus integrantes) sobre quién es Spelta, viejo conocido por su mala actuación en el caso Jonatan Herrera, de ir a golpear la puerta de Fiscalía de Homicidios con exigencias sobre medidas probatorias que tiene el fiscal como funcionario del Estado deber de tomar en los primeros momentos posteriores a casos de ejecuciones extralegales de acuerdo a protocolos internacionales de investigación, sobre qué les espera a partir de ahora, en recorrer los pasillo judiciales y cómo organizarse para movilizarse. Las marchas y el paso por la Justicia institucional, y la presencia en esos pasillos, muchas veces traumático, y por efecto de esto, es también punto de encuentro (y también de tensiones inevitables) entre familiares en el medio del recorrido.

La primera manifestación parte a la semana desde Oroño y Arijón hasta el árbol ubicado en Callao, donde se colocan velas. Pero luego la caminata sigue hasta Unidad Regional II, ubicado a pocas cuadras por Ov. Lagos y termina en alguna bocacalle oscura de Av. Uriburu, como buscando ansiadamente hacerse oír o encontrar rápidamente respuestas a lo que sucedió. La marcha tuvo un aspecto de contraste con otro evento sucedido al mismo tiempo: les pocos periodistas cubriéndola, cuando a cinco cuadras había presencia de medios locales, nacionales e internacionales por la fiesta de casamiento de Messi en el casino City Center. La campaña “Fue un fusilamiento, no fue un enfrentamiento” surgió en esos primeros días de manera conjunta entre les familiares y el organismo para desarmar la versión policial y a su vez apuntar sobre contextos sociales que avalan y legitiman esas prácticas policiales abusivas. Como dijo la querella en los alegatos de apertura del Juicio, “decimos que fue un fusilamiento porque fue lo primero que dijeron las familias ni bien sucedió el hecho, y fue lo que también nos fueron diciendo las cientos de personas que fueron acompañando esta lucha”. La campaña consistió en una primera intervención recorrer las peatonales Córdoba y San Martín para dar a conocer a les transeúntes el caso y que posen en fotos con carteles con la leyenda elegida y fotos de la marcha. Aunque relatar una y otra vez los sucesos del fusilamiento no fue fácil para les familiares, frente a prejuicios que une podía suponer la movida tuvo muy buena acogida entre les caminantes. Una concentración frente a Fiscalía de Homicidios que se convirtió en movilización hasta Tribunales Provinciales, otra marcha desde ese punto hasta Sede de Gobernación a los dos meses de la muerte de David y Emanuel y un festival con grupos musicales y pintada de un mural (que a su vez fue escrachado y vuelto a pintar) en Callao y Cazadores, charlas con estudiantes y la participación en movilizaciones enmarcadas en jornadas nacionales contra el gatillo fácil siguieron en el repertorio de intervenciones. En cada audiencia de las decenas que hubo, las banderas colgadas fuera y las remeras con los rostros de los pibes. Intervenciones cotidianas en los casos de gatillo fácil y su búsqueda de Justicia.

Los casos de violencia institucional suelen están marcados por la garantía de impunidad. La propia policía se investiga de manera corporativa a sí misma. Alteran la escena de los hechos e instalan versiones falsas de lo sucedido. Las fiscalías permiten que las policías actúen sobre las primeras investigaciones y avalan el relato oficial al avanzar en el esclarecimiento desde las actas de procedimientos. En el caso de David y Emanuel quisieron sostener la versión de un enfrentamiento, reproducida inicialmente por los medios de comunicación. “Dos muertos tras persecución y tiroteo entre policías y delincuentes en Rosario”, “Identificaron a los dos prófugos abatidos por la policía en Zona Sur”, fueron algunos de los títulos que circularon ese día. Es ahí donde les familiares víctimas son sometides a dar explicaciones. “El auto no es robado” tuvieron que salir a aclarar a los medios que estaban deslizando esa hipótesis.

El 25 de agosto del 2017 el fiscal Spelta dio una conferencia de prensa comunicando que el resultado del dermotest con el hallazgo de residuos de disparos de un arma de fuego había dado positivo en la mano de uno de los chicos, lo que valió el repudio de la Multisectorial por brindar una información sesgada apresudaramente sobre un hecho donde había sospechas de alteración de pruebas. El 6 de septiembre el fiscal anunció los resultados de las pruebas balísticas: el arma encontrada al lado del joven con el dermotest positivo no había sido disparada en el lugar. A David y Ema les habían plantado dos armas. Al día siguiente, en audiencia imputativa se dispuso la prisión preventiva de 18 policías que actuaron en los hechos. En sintonía con las denuncias de les familiares y abogades, y gracias a la intervención temprano de estes, la hipótesis policial de enfrentamiento comenzó a ser contrarrestada, ahora también, con los avances realizados en la investigación.

En octubre de 2017 dos policías imputadas por encubrimiento pidieron declarar. Una de ellas afirmó que el policía Bustos se encontraba “a un metro” del costado del VW chocado del lado del chofer cuando disparaba. Cuando Bustos termina, refiere que dice “ya está, ya está, consíganme 2, consíganme 2”, y “yo me di cuenta que cuando decía eso lo que pedía era armas”. La otra policía afirmó que el agente Mendoza disparó a Campos y se guardó la vaina en el bolsillo. “Veo cuando él dispara. Dispara y cuando viene, agarra la vaina, se la guarda en el bolsillo. Viene hacia mí, donde yo a lo cual yo le pregunto si él disparó, me dijo que sí. Si le pegó, me dijo que sí, le pegó en la cara”. Además ambas policías afirmaron que desde la calle Cazadores, donde fueron enviadas a retener a la gente que se acercaba a observar, “veíamos movimientos, movimientos raros, es todo lo que veíamos, veíamos que se agachaban y agarraban cosas del piso, de lejos”. También relataron como un Jefe de la Policía de Acción Táctica (junto con el Comando Radioeléctrico las fuerzas que intervinieron) le decía a Mendoza ya en Tribunales que declare habérsele escapado el tiro por nerviosismo, a pesar de que este sostenía que le había disparado a David “porque se movió”. En sus declaraciones sostuvieron que a los chicos “los mataron a sangre fría”, “yo no vi disparos de ellos hacia la policía, vi como la policía los mataba”, “no hubo enfrentamiento, ellos los mataron porque quisieron”, “a estos chicos los acribillaron”, “les plantaron las armas”. También denunciaron amedrentamientos por parte de sus colegas, “nunca pensé tenerle miedo a la propia policía”, como así también su defensora durante el Juicio expresó recibir llamados con insultos.

En algún momento del proceso judicial, un Juez sin notificarle a la Querella decidió internar a Bustos en una clínica por supuesta incapacidad de permanecer en una prisión común. La familia se enteró al tiempo. Esta decisión se sintió fundamentada en un informe de dos médicos psiquíatras de Juntas Especiales de la provincia que sugirieron que Bustos era inimputable. Pero el Equipo Interdisciplinario de la Clínica Avenida, donde la médica psiquiatra que firmó dichos informes venía atendiendo a Bustos desde hacía años, sostenía que el policía no debía estar internado, ya que se encontraba “lúcido, orientado en tiempo y espacio y sin alteraciones mayores y en condición de ser externado por ni siquiera tener criterio de internación”. A este informe se le sumó el dictamen del Consultorio Médico Forense, la psicóloga Covacich y médico psiquíatra Pellegrini, ambos peritos de parte de la querella, y un informe de agosto del 2017, donde tres psicólogos y un médico de la policía sostuvieron que Bustos podía realizar tareas con portación de armas. Bustos estuvo gran parte del proceso, entre dilaciones de audiencias reprogramadas, internado en la clínica. También el proceso incluyó pelea judicial para que acepten al papá de Emanuel como querellante y problemas de espacio en audiencias que debían ser públicas pero eran ocupadas primeramente por familiares de policías dejando fuera a les Campos y les Medina.

El recorrido incluyó una reunión con el entonces Ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de la cual la familia y les integrante del organismo salieron sin ninguna respuesta a los pedidos de información sobre medidas de seguridad para familiares de las víctimas y testigos del hecho, protocolos de actuación o políticas públicas implementadas para prevenir y sancionar hechos de violencia institucional. A su vez, Pullaro recalcó que él no iba a tomar ninguna medida administrativa sobre el personal policial hasta que sean sometidos formalmente al proceso penal y confirmó que todes les policías implicados en la persecución y posterior fusilamiento de David y Ema no fueron pasados a disponibilidad antes de dos meses después del hecho, el 7 de septiembre, en que se imputó judicialmente a 18 efectivos y se pidieron las respectivas detenciones. También hubo expresiones públicas de parte de él y del entonces Gobernador Miguel Lifschitz poniendo en duda las oportunas detenciones efectuadas en ese caso y en la causa por Franco Casco.

Al Juicio se llegó el 4 de septiembre de 2020 con 19 policías acusades. El debate estuvo marcado en torno a la imputabilidad de Bustos, la actuación de Mendoza, el encubrimiento del resto de les policías, las pruebas balísticas, las declaraciones que fueron ampliadas por las policías imputadas y las prácticas sistemáticas de las policías en casos de violencia institucional. Luego de dos meses por retrasos y ritmo lento por protocolos de Covid 19 y por la cantidad enorme de prueba producida durante la etapa de investigación, se llegó al fallo histórico. 19 condenas, gran parte a quienes aportaron en la trama de encubrimiento. Quedará para otra ocasión juzgar a Jefes que amedrentaron o guiaron a les efectives para el pacto de silencio.

El jueves la familia escuchó la sentencia en la sala de audiencia aparte que les asignaron durante esos dos meses de debate. Afuera, presencia de militantes y familiares que no habían podido ingresar por protocolos de Covid 19 pero escuchaban atentamente el audio desde altoparlantes. Gritos ahogados al oír las dos condenas a perpetua. Escucha atenta al resto de las 17 condenas. Ninguna absolución. Al salir, la familia bajó llorando como tantas otras audiencias donde tuvieron que escuchar cómo mataron a David y Emanuel pero esta vez al llegar a la baranda de la explanada del Centro de Justicia Penal el grito de “Justicia al fin”, la explosión de lágrimas de felicidad y abrazos, la presencia de todos los medios de la ciudad y algunos nacionales. Hacia el final, cuando gran parte de la multitud ya había partido se armó una ronda y se entonó el clásico “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, más abrazos, recuerdo de las personas que no pudieron estar, anécdotas de la cotidianeidad de la lucha colectiva y una foto grupal final con las banderas que tantas veces recorrieron las calles rosarinas, estuvieron colgadas primero en los Tribunales Provinciales de Justicia y, una vez inaugurado, en el CJP. Como dijo una compañera militante abogada que intervino desde el comienzo en la causa, a este fallo “se llegó con la convicción de que esta alegría está marcada por un montón de anteriores tristezas”, como los Juicios por Jonatan Herrera en el 2017 y por Maxi Zamudio hace menos de 3 meses. El recorrido sigue. Seguramente alguna Defensa va a apelar el fallo. Además el próximo año es el juicio por Franco Casco, María de los Ángeles Paris y Michel Campero. Y alguno más que vendrá. Pero también para seguir construyendo Justicia en las calles. El comunicado de la Multi (de cuyos comunicados sale gran parte de la información vertida en esta nota) expresa más ajustadamente este último párrafo: “Entendemos que es fruto de la lucha colectiva de familiares, abogades y organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos por la construcción de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA”.
Post date: 2020-11-19 18:17:23
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Post modified date: 2020-11-21 17:47:53
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