Una ley provincial para los medios alternativos

Por Matías Audisio    Fotografía: Julián Miconi

El diputado provincial por el Frente Social y Popular (FSP) y periodista de investigación, Carlos del Frade, presentó un proyecto de ley que busca dar apoyo desde el Estado a los medios alternativos, cooperativos, comunitarios y populares.

La ley 

Con la excusa de conmemorar los 100 años de la primera transmisión de radio en nuestro país, se presentó este proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia. Además de la creación de una radio provincial, la ley implica varios puntos referidos al apoyo estatal a los “medios sociales”. En primer lugar, se busca hacer efectivo un punto contenido en la Ley 14.241 del año 1953 (derogada en el año 1955) que disponía que el 33% de la pauta oficial debía ser destinado a los medios sociales, lo que hoy podríamos entender como medios cooperativos, comunitarios, alternativos y populares. En segundo lugar, se busca crear un registro público de medios con esta característica y, por último, generar un consejo asesor integrado por medios sociales, por las universidades públicas e institutos educativos afines y también por los gremios.

Según el legislador, este proyecto parte del diagnóstico de que en la provincia de Santa Fe existe una gran concentración mediática (incluso más que en Buenos Aires). Del Frade señaló que “esto representa la necesidad del fortalecimiento de los medios sociales para que puedan circular las voces de aquellos que no están en el circuito de la compra y venta de espacios mediáticos”. 

El diputado provincial también remarcó que este tipo de medios tienen una función muy importante que consiste en la difusión de construcciones colectivas, sociales, económicas, políticas y culturales que escapan al negocio de pagar tanto para hablar como para hacer callar. “En Santa Fe existe la censura”, afirmó el periodista para argumentar sobre la necesidad de ampliar la democracia informativa.

Concentración mediática y democracia

Refiriéndose al plano nacional, el referente del Frente Social y Popular describió con preocupación la situación. “La economía del país está concentrada y extranjerizada en 1000 empresas que poseen la mayor parte de la riqueza nacional. Dentro de ellas, 25 son empresas que se dedican a la producción informacional y de entretenimiento” explicó.

En nuestro país, tal como lo indica el Pacto de San José de Costa Rica con rango constitucional, rige lo denominado derecho a la información. Este punto de la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere a las responsabilidades y obligaciones de quienes comunican en favor de quienes se informan. A su vez, establece responsabilidades estatales para garantizar el acceso a la información leal y confiable. Esta parte de la convención interpreta claramente a la comunicación como un derecho humano referido al acceso a la información necesaria para el ejercicio de los derechos.

Dentro del derecho subjetivo referido a los “derechos del informado” se establece entre otros puntos que las personas debemos contar con la información necesaria para seleccionar los medios con los cuales queremos informarnos. Si en detrimento de ello existen monopolios informativos, no estamos hablando de informar sino de propaganda llevada adelante en abuso de la posición monopólica. Esto es lo que sucede cuando una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, deja de lado los intereses comunicacionales para obrar únicamente en favor de sus intereses político-económicos vulnerando de esta manera el derecho a la información de millones de personas.

Por otro lado es preciso recalcar que en el artículo 13 de la convención, el cual consagra el derecho a la libertad de expresión, en su apartado Nº 3 se establece que el control abusivo de particulares de la materia prima o las condiciones materiales para la difusión de opiniones e informaciones también vulnera el derecho a la libertad de expresión. La libertad de prensa y la libertad de empresa encuentran una delgada línea discursiva cuando hablamos de democratizar los medios de comunicación social.

En la Argentina hubo varios intentos de aplicación de normas antimonopólicas que devinieron en grandes presiones y “aprietes” a los gobiernos que intentaron llevar adelante estos cambios. La última norma que venía a regular las licencias de televisión y cable fue la llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta legislación elaborada por el entonces oficialismo, se reemplazaba la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar.

En sus artículos 41, 45, 48 y 161 la ley disponía las regulaciones antimonopólicas y ordenaba la desinversión de aquellos grupos que concentran más licencias que las permitidas. Desde ya, el Grupo Clarín se negó a desinvertir interponiendo medidas cautelares. Luego de varios años de disputa judicial la Corte Suprema de Justicia dispuso la validez de estos artículos, y aún así el grupo no se aplicó a la regla.

Sin embargo, a principios de 2016 con el cambio de gobierno, Mauricio Macri modificó la ley por decreto (DNU Nº 267) en donde se retrocedió en materia regulatoria ya que: 1) Se reemplazó al AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) por la ENACOM (Ente Nacional de Comuniciones) como órgano de aplicación de la ley,  siendo este último conformado por 7 personas de las cuales cuatro son designadas por el ejecutivo y removidas «sin necesidad de expresar causas»; 2) Se permitieron transferencias de licencias antes prohibidas a fines de no generar compra ventas de las mismas que devinieran en una nueva acumulación monopólica; 3) Se elevaron de 10 a 15 la cantidad de licencias permitidas para un solo ente (entre otras). De esta manera se benefició a los medios de comunicación concentrados a pesar de las denuncias de organismos como el CELS y la Coalición por una Comunicación Democrática.

Al día de la fecha esta desregulación sigue afectando a la concentración de las licencias en unas pocas manos. Aquí en Santa Fe, en donde se da una de las concentraciones mediáticas más notables del país, una ley que distribuye la pauta resulta un gran sostén para las voces que no pertenecen al gran aglomerado mediático que representa Grupo Televisión Litoral (el cual se lleva casi un 40% de la pauta oficial en la provincia).

“Estas empresas (refiriéndose a los aglomerados mediáticos nacionales) concentran la información como elemento de extorsión política, es por eso que no responden a intereses comunicacionales sino que responden a intereses económicos”, sentenció el diputado e hizo hincapié en que los medios de comunicación son el respaldo político de los intereses de grandes grupos económicos de nuestro país.

El legislador se presentó muy crítico sobre el accionar de los medios de comunicación en la coyuntura. Frente a los cuidados por la pandemia y con respecto a la cuestión judicial, él piensa que los medios intentan generar deliberadamente el hastío y el hartazgo social. Esta situación resulta muy preocupante atendiendo a que la respuesta a ese cansancio suelen ser propuestas de una derecha radicalizada. Carlos del Frade enunció con preocupación que estas situaciones pueden abonar a expresiones como las de Bolsonaro en Brasil.

Es en este intento de capitalizar el cansancio en favor de sectores políticos y económicos opositores es que los medios adoptan una posición peligrosa que los lleva a hacer afirmaciones sin pruebas, sembrar la duda sobre lo conocido y abonar a que los marcos racionales de traducción de la realidad se vulneren, vulnerando entonces también los derechos de las personas a informarse. Cualquier premisa es admitida y válida cuando se le da legitimidad desde una creencia que debe ser respetada incluso en detrimento de la razón. Cuando la razón es vulnerada, los sentimientos negativos sembrados son capitalizados alevosamente por quienes buscan sacar rédito político – partidario de toda situación posible. “Esto es lo que alientan los grandes medios de comunicación”, agregó Del Frade a la crítica analizando que los medios intentan exacerbar el sentimiento individualista. 

Dejar de hablarle a los espejos

Si bien destinar recursos a los denominados “medios sociales” implica otorgarles un gran apoyo para ayudar a la producción de contenidos y al trabajo general de estos, Carlos Del Frade también ofreció una reflexión al respecto a los desafíos de este tipo de medios.

El trabajo de los medios alternativos pone en agenda realidades y reflexiones invisibles a los ojos del negocio mediático. Para lograr este objetivo, el diputado señala que “hay que tener tolerancia, paciencia y eso se gana con técnica: más información, más calidad, más síntesis. frente a la irracionalidad: racionalidad; frente a dos argumentos: cuatro; ante una estética: tenemos que tener tres veces esa estética” dijo convencido y destacó que hay mucho trabajo por hacer.

En este sentido, el entrevistado aseveró que los medios sociales tienen la gran tarea de pasar de ser solo alternativos a ser populares. “Hay que dejar de hablarle al espejo” argumentó Del Frade. Los medios sociales son fundamentales para la consolidación del espíritu crítico en la recepción de información y por ende aportan a la reflexión de una sociedad sobre sus propias prácticas. En este sentido resulta de gran importancia que cada vez más personas sientan identificación y confianza en los medios sociales para el acceso a la información y a la reflexión social. Con las ideas no alcanza y por eso para Carlos Del Frade es importante el mejoramiento de la técnica comunicacional, la creatividad y trabajando para llegar a cada vez más personas.

Por último, el autor del proyecto de ley se mostró optimista en torno a la sanción de la norma y consideró que habrá consenso en la cámara baja de la provincia. Sin dudas la convicción está puesta en que los medios alternativos, comunitarios, cooperativos y populares puedan tener una buena noticia a fin de este año o principios del año que viene.