Riesgo de impunidad en la causa Campos – Medina

Por Cristian Maiola
A la espera del Juicio Oral y Público del caso Campos – Medina, familiares de los jóvenes acribillados por funcionarios policiales del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica de la provincia de Santa Fe en junio del año 2017 ofrecieron una conferencia de prensa frente al Centro de Justicia Penal para denunciar el grave riesgo de que uno de los principales imputados no sea juzgado.
Durante la etapa investigativa en la causa judicial, los policías Bustos y Mendoza fueron acusados de efectuar los disparos que provocaron las muertes de
David y Emanuel mientras los jóvenes estaban inmovilizados por el choque automovilístico que sufrieron en la zona de Callao y Arijón, luego de ser perseguidos por la policía. Ambos estaban desarmados.
Tiempo después, el oficial Bustos fue trasladado sin aviso oficial a una clínica psiquiátrica. En las distintas audiencias se ordenó la conformación de Juntas Especiales de Salud Mental de la Provincia. En dos dictámenes de estas se adujo que Bustos “al momento de los hechos tenía la percepción distorsionada y actuó por impulsos no controlados”, por lo que “no aconsejan que sea expuesto a la escena del juicio por una supuesta potencialidad suicida”.
La Multisectorial Contra la Violencia Institucional denunció que estos dictámenes pueden «garantizar impunidad» frente a la posibilidad concreta de dejar a Bustos fuera del Juicio Oral y Público. Además, se especifica que estos se contraponen con los del Equipo Interdisciplinario de la Clínica Avenida, dónde se encuentra internado el oficial imputado, el Consultorio Médico Forense y los peritos del Equipo Jurídico que lleva delante la Querella. El comunicado aporta que «en agosto del 2017, existe una constancia en la causa que un mes y medio después del hecho, tres psicólogos y un médico de la policía sostuvieron que Bustos podía realizar tareas con portación de armas». Por su parte los informes de la Clínica Avenida establecieron que el imputado “se presenta lúcido, orientado en tiempo y espacio y sin alteraciones mayores y en condición de ser externado por ni siquiera tener criterio de internación”. Estos fueron firmados por la médica psiquiatra que viene atendiendo al imputado por homicidio calificado desde hace años. La psicóloga Covacich y el médico psiquíatra Pellegrini, ambos peritos de parte de la querella participaron de las entrevistas de Juntas Especiales afirmaron que Bustos “no presenta enfermedad sobreviniente que menoscabe su capacidad psico-jurídica; es decir, de su capacidad de estar en juicio”.
«Apartar a Bustos de la causa, lisa y llanamente significa no saber qué sucedió aquel día y garantiza impunidad», cierra el comunicado de la Multisectorial.