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Ley Brisa




Por Loreley Flores. 

El 5 de julio de 2018, se aprobó en Diputados, por unanimidad, la ley Brisa: 203 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprobó un proyecto que traerá alivio a muchas familias, pero que principalmente, cambia la idea de cuáles son las responsabilidades del Estado y pone en primera plana la igualdad de derechos de todas las infancias. Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y siempre debe primar el interés superior. 

Este proyecto de ley había tenido media sanción en mayo 2017 en el Senado, también por unanimidad: 53 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Lo cierto es que hay realidades que parecen ignorarse o naturalizarse. En Argentina, en 2017 hubo 298 femicidios -incluyendo 37 femicidios vinculados- según el monitoreo realizado por Mumalá.

En nuestro país, una mujer fue víctima de femicidio cada aproximadamente 30 horas y las políticas públicas específicas siguen sin aparecer o están desfinanciadas. 

El 90 por ciento de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de la victima y el 52 por ciento de estas mujeres asesinadas eran madres. Durante el mismo periodo, al menos 312 niñas, niños y adolescentes perdieron a su mamá y a su papá en situaciones donde éstos son los femicidas. Estas cifras, que son mucho más que cifras, se repiten año a año y el Estado sigue siendo el gran ausente. 

¿De qué trata la ley Brisa?

La ley Brisa se convierte en un derecho que protege a las infancias y adolescencias, a aquellas que han perdido a su mamá en el marco de la peor de las violencias, la más extrema que tiene y ejerce el machismo: el femicidio. Esta ley crea un régimen de reparación económica que el Estado otorgará a estas víctimas colaterales de los femicidios pensando en su derecho a la salud integral, a la educación, a una vivienda digna, al esparcimiento, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral entre otros tantos derechos que les pertenecen y que no pueden ni deben estar condicionados.

¿A quiénes alcanza?

A niñas, niños y adolescentes hasta los 21 años, o con discapacidad sin límite de edad, en las situaciones en que su progenitor o padre haya sido condenado por el femicidio de su progenitora o madre; cuando se haya extinguido la acción penal contra éste por fallecimiento o cuando su progenitor o padre y/o su progenitora o madre hayan fallecido a causa de violencia intrafamiliar o de género.

¿En qué consiste?

Contempla una reparación económica por cada hija e hijo, que será abonada por el Estado nacional mensualmente, equivalente a un haber jubilatorio mínimo, hasta los 21 años y en el caso de personas con discapacidad sin límites de edad. Es compatible con otras asignaciones, no reemplaza a ninguna, no provoca la pérdida de otros derechos y es inembargable. Incluye la cobertura integral de salud y es retroactiva al momento del femicidio, independientemente del momento de la sanción de esta ley.

¿Cómo se accede a esta reparación?

El Ejecutivo nacional deberá reglamentar la ley dentro de los 30 días de su sanción, la cual contempla también el aumento de presupuesto en el marco de esta regulación, para el área en que se decida poner en marcha su implementación. Esta ley se debatió y sancionó gracias al trabajo sostenido de un grupo de personas que un día se preguntaron, ante el pedido desesperado, urgente y necesario de Osvaldo Barrionuevo -el abuelo de Brisa- ¿por qué no generar una ley que brinde asistencia de manera sistematizada? Esta ley deberá ser reglamentada sin vetos totales ni parciales y será nuestra tarea -la de comunicadoras y comunicadores- mantenerla en agenda hasta que eso suceda.

Maximiliano Montenegro es periodista, trabaja en Diario Popular y fue uno de los impulsores de la ley. Desde Sin Cerco nos comunicamos con él para interiorizarnos en este proyecto que nació en el 2015 y hoy se transformó en ley.

¿Quién es Brisa?

El 20 de diciembre de 2014, Daiana Barrionuevo desapareció y su concubino -Iván Rodríguez- denunció que se había ido con un amante. Daiana era la madre de Brisa y de los mellizos Elías y Tobías. En ese momento nadie la buscó. Rodríguez había asesinado a Daiana y la había tirado al río envuelta en una bolsa. En enero de 2015, casi casualmente, encontraron el cuerpo de Daiana y recién ahí comenzó la investigación. Osvaldo, el abuelo de Brisa, hizo un llamado solidario, urgente, "absolutamente necesario" -dice Maximiliano-, para sostener a su nieta y sus nietos.

Maximiliano y otras personas "del Popu" -en el que trabaja- se acercaron a la familia y generaron un vínculo. Se formó un grupo que comenzó a colaborar en las necesidades cotidianas que tenía Cintia y su pareja -tía y tío de Brisa y los mellizos-. Cintia es hermana de Daiana, tiene tres hijos varones y finalmente fue ella quien se hizo cargo de Brisa, Elías y Tobías. Ocho personas en una casa pequeña, con necesidades y con un solo sueldo.

Brisa era muy pequeñita cuando su mamá fue asesinada. A diferencia de sus hermanos, ella no la recuerda, no sabe qué le pasó, desconoce quién es su mamá. Su tía, Cintia, no sabe cómo contarle, decirle, explicarle, si es que alguna explicación es posible. Ni Brisa ni Elías ni Tobías, ni su tía, tío, abuelo o primos recibieron nunca asistencia psicológica para procesar la pérdida. No pudieron pagarlo y esto es algo que tampoco puede dejarse a la deriva ni ignorarse.

Cada semana de cada mes de cada año, 6 niñas, niños y/o adolescentes pierden a su mamá en un femicidio y se transforman en víctimas colaterales. Cada semana de cada mes de cada año, familias enteras se enfrentan a esta crueldad absoluta y, hasta ahora, no recibían ninguna asistencia de ningún tipo. Quedaban a merced de la solidaridad de la sociedad.

El grupo “apapache” -así se llaman- se puso al hombro el compromiso de acompañar a la familia de Brisa y ayudar, desde y cómo pudieran: en cada situación donde las necesidades se incrementaban, cuando llegaba el invierno o en el comienzo de las clases, pero no podían dejar de notar que el Estado estaba completamente ausente. No solo no había llegado a tiempo para prevenir la violencia de género que había dejado sin vida a Daiana, sino que ahora abandonaba a Brisa y sus hermanos.

Empezaron a notar que las intervenciones o ayudas que podían brindar variaban de acuerdo a sus posibilidades, actividades y situaciones personales, y comenzaron a preguntarse por qué no generar una ley que brinde asistencia a hijas e hijos, víctimas colaterales de femicidio. Notaron que esas infancias no podían depender de la caridad o solidaridad de particulares, sino de una acción sistematizada del Estado.

Como en todos los avances que se dan en materia de derechos, hicieron falta las articulaciones, los trabajos en red y las alianzas. En el 2015, cuando tuvieron la certeza de la necesidad de una política pública que repare -solo en una mínima parte- aquello que el Estado no llegó a evitar, comenzaron a investigar y se encontraron con que en Uruguay ya había una ley desde el 2011 y que era similar a la que estaban comenzando a soñar. Consiguieron los borradores de las discusiones previas, el proyecto aprobado y datos sobre cómo funcionaba y con todo eso, se acercaron a La Casa del Encuentro y el trabajo se sistematizó. Formaron grupos y comisiones de trabajo y más allá de que las dinámicas indefectiblemente cambiaron durante estos años, producto también de los cambios en las políticas de gobierno, nunca abandonaron la lucha porque este proyecto se convierta en ley.

Hoy, en Argentina la Ley Brisa es realidad. "Estamos legislando para una niña que tuvo una tragedia enorme, pero que refleja el drama de muchos niños y niñas atravesados por el femicidio", afirmó Cristina Álvarez Rodríguez, diputada por Frente para la Victoria-PJ.

Falta mucho por andar, una vez que sea reglamentada, habrá que buscar la manera de que aquellas personas que tienen derecho a ella se enteren y puedan acceder sin dilaciones a dicha reparación para democratizar el derecho de las infancias.
Post date: 2018-07-11 21:56:27
Post date GMT: 2018-07-11 21:56:27

Post modified date: 2018-07-12 14:35:21
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