Plaza, tiro y palos

Por Diego Carballido. 

Viernes veintitrés. Cuatro de la mañana. Cuatro Plazas -Provincias Unidas y Mendoza-, un grupo de jóvenes están sentados tomando algo en uno de los bancos, después de comer un asado. En un momento, dos deciden ir en moto hasta el kiosco. Son ella y él. Un patrullero con las luces apagadas los sigue. Se asustan y vuelven a las Cuatro Plazas; ahora los siguen dos patrulleros. Todo se torna violento. Se bajan dos oficiales y a los gritos intentan llevarlos a todos detenidos. A Desire, la única mujer del grupo, la meten de los pelos en el vehículo policial y le advierten «ahora vas a ver». Un agente saca su arma y uno de los pibes intenta calmar un poco los ánimos de una situación que se estaba yendo de las manos. Recibe un culatazo. Sale otro del grupo de amigos en defensa del golpeado y obtiene como respuesta un balazo de goma en la pantorrilla. Llegan más patrulleros. Llueven golpes, gritos y forcejeos de todos lados. Sasha intenta escapar. Mala decisión. Se lleva la mayor cantidad de golpes en la cara y con un cuchillo le cortan unas rastas que le llegaban hasta la cintura. Sí, le cortan el pelo con un cuchillo. Todos a la comisaría 14°. Siguen las preguntas acerca de dónde tenían escondida la droga. Más golpes. Nadie informa, durante varias horas, que estos siete jóvenes están detenidos.

El relato se puede leer completo en el muro de Facebook de Desire, quien además agrega que recibió, en reiteradas ocasiones, violencia de género por su condición de ser una «mujer entre seis varones».

La versión oficial indica que «el grupo de jóvenes se encontraba en una actitud sospechosa y se resistieron a ser identificados». La fiscal Karina Bartocci de la Unidad de Violencia Institucional dictaminó, en un primer momento, una orden de detención sobre ocho uniformados correspondientes a la Policía de Acción Táctica -PAT- y al Comando Radioeléctrico. Finalmente, se efectivizó la prisión preventiva sobre solo dos de los agentes y para el resto una restricción de acercamiento.

La doctora Julia Giordano es abogada de APDH -Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- y se encontró con el grupo de detenidos en el centro de denuncias territoriales del Distrito Noroeste, luego del pedido de los familiares para que los saquen de la comisaría. «Estaban shockeados y recién habían salido de la comisaría. Los vi temerosos pero con una intención firme de denunciar porque tenían una profunda indignación. Todavía no podían creer la cantidad de horas que habían sido víctimas de una detención ilegal y los abusos sufridos», cuenta Giordano, quien automáticamente se comunicó con el fiscal Dalmau interviniente en el hecho: «El fiscal, a pesar de haber hablado con la defensora oficial, no parecía comprender la gravedad de lo ocurrido. Porque, por ejemplo, no había indicado que se hicieran las constataciones médicas legales por el instituto correspondiente y, en su lugar, había instruido que las hiciera el médico de asuntos internos en la misma comisaría. Si bien tiene la potestad para hacerlo, no deja de ser la policía que investiga a la policía, como mínimo no es una buena idea».

—¿Están reiterándose este tipo de casos?

—Lamentablemente se viene profundizando, cada vez más, este tipo de prácticas de parte de la policía en relación a jóvenes, sobre todo en los barrios. Tal vez, en esta oportunidad se dan características particulares por el nivel de agresión al que se llegó. No olvidemos que hay uno de los chicos con toda la cara hinchada y al que le cortaron las rastas. Todos estuvieron quince horas detenidos y si no fuera porque alguien dio aviso a la defensoría directamente, desde la fuerza nunca libraron la comunicación obligatoria al fiscal.

—¿Estuvieron detenidos e incomunicados?

—Claro, incomunicados de hecho, porque la policía no tiene esa autoridad. Hubo muchos incumplimientos. Debemos recordar que, lamentablemente, solo cuando hay víctimas con la posibilidad de llevar adelante una denuncia y sostenerla, es que nos enteramos. Pero ocurre cotidianamente con un sinnúmero de chicos todos los días, que no tienen la posibilidad de llevar adelante una denuncia. Ya sea por miedo, porque no tienen los medios materiales o porque se naturalizan este tipo de acciones en los barrios.

—¿Se pueden diferenciar los modos de las distintas fuerzas de seguridad?

—Todas las fuerzas son creadas con los mismos objetivos. Si bien es una reflexión amplia en la que se pueden contemplar muchos matices, sí se puede pensar en cuestiones particulares que tienen que ver con la formación pobrísima de los agentes de policía en el último tiempo. 

—¿En qué aspecto considerás que falla la formación?

—En todos, no solo en los relacionados con las materias propias de un agente policial. La formación de una persona que va a salir armada a la calle tiene que ser integral, no debe solamente conocer cómo usar el arma, y algunos casos ni eso. No hay una formación con respecto a la legislación que tienen que respetar, muchos de ellos no pueden diferenciar un delito de una falta o cuándo corresponde hacer un arresto y cuándo no. Tenemos una policía que decide, según su criterio, qué conductas son reprimibles.

—¿Existe un aval de parte de la sociedad para que se produzcan estas prácticas?

—Sin duda, por eso nos enteramos de estos casos cuando son chicos que tienen la posibilidad de estar más despegados de la caracterización social de los típicos pibes de barrio que tienen alguna relación con la delincuencia, y por eso pueden llevar una denuncia adelante.

—¿Cuál ha sido la respuesta desde los distintos estamentos del gobierno?

—Nula. Para ejemplificar, vayamos al caso de María de los Ángeles Paris que también llevamos adelante desde APDH. A pocos días después de lo sucedido, el gobernador salió a afirmar que, sin lugar a dudas, no hubo violencia en la muerte de la bibliotecaria. O sea, una mujer que fue detenida ilegalmente, agarrada del cuello y de las piernas, esposada, dejada boca abajo, gritando y pidiendo auxilio; el gobernador entiende que no hubo violencia de parte de los agentes policiales. No conforme con eso, después de la segunda autopsia a pedido de la querella y que tuvimos que pelear en una audiencia frente al juez, los informes preliminares indican que hubo golpes en los brazos, en la espalda y en las pantorrillas de María de los Ángeles, y la respuesta fue no hablar más del tema. En la reunión que tuvimos con el ministro de Seguridad nos dijo que no podía hacer nada en relación a este tema. El negacionismo que existe de parte del gobierno, convierte a este tipo de casos en crímenes de parte del Estado.

Fotografía: Multisectorial contra la violencia institucional.