“En el sur, es una práctica habitual la represión hacia comunidades indígenas”

“Con que ley me juzgaron por culpable de qué,

de ser libre en mi tierra o ser indio tal vez.

Qué conquista festejan, que no puedo entender”

 Amutuy. Rubén Patagonia

Por Diego Carballido. Fotografía: Anred (portada), Joaquín Martínez (interna).

El antropólogo Alexis Papazian forma parte de la Red de Investigadores sobre el Genocidio Indígena. Un espacio que, desde hace más de diez años, agrupa a profesionales de distintas facultades, documentalistas, activistas sociales y miembros de comunidades originarias, desde donde se realizan estudios vinculados con los atropellos sufridos a lo largo de la historia por las comunidades indígenas. “Utilizamos una categoría fuerte de análisis, como es el genocidio, y la empezamos a trabajar a partir de documentación histórica, memorias sociales y relatos en territorios, para establecer cómo se vivió el avance del Estado en las zonas denominadas de fronteras internas, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Porque un genocidio, siempre que no tenga un reconocimiento como tal, y que luego sea negado, sigue funcionando o habilitando la utilización de nuevas prácticas represivas” nos explica Papazian.

A partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en la zona de Pu Lof de Cushamen, cerca de la localidad de Esquel, se puso el foco de la opinión pública en una región que desde hace mucho tiempo conoce de abusos por parte del Estado y de las fuerzas de seguridad.«La conquista en el sur tiene un período más amplio del que se conoce, se supone que fue desde 1879 hasta 1885, pero en realidad el envío de población indígena cautiva a la isla Martín García data de 1872. Para el caso de la zona de Cushamen, en 1901 hubo una entrega por parte del Estado nacional a los miembros de una comunidad muy importante, los Ñancuche Nahuelquir, y ahí se conformaron las primeras comunidades, en una zona que se denominó Reserva para Población Indígena. Este gran espacio territorial se fue reduciendo a lo largo del tiempo, algo que sucedió también en el resto del país debido al avance de los modelos productivos y las formas de extracción capitalista. Siempre las entregas de tierras fueron dadas bajo figuras legales precarias, y aún en los lugares donde hubo títulos, con los años no fueron respetados por las conocidas corridas de alambrado».

—¿Qué implicó la denominada “conquista del desierto”?

-—Hubo un doble proceso. Por un lado, fue una enajenación de tierras por parte de un grupo concentrado de personas, lo cual pone en duda para quién fue la conquista del desierto. Si fue para la Nación, como dice el discurso tradicional, ante la amenaza chilena e indígena o si, en realidad, el Estado argentino medió para que se lo apropie un grupo de familias y de empresas. Paralelo a ese proceso, se da la utilización de las comunidades originarias como mano de obra semi esclava, por su condición de indígena

 —¿Cómo es el contacto que ustedes tienen con las comunidades originarias?

—Siempre tuve experiencias gratificantes. Hay que saber con quién hablar, mantener respeto por sus normas, presentarse ante el Lonko, explicar lo que uno está investigando, ver si les interesa y siempre tener un devolución. Tratamos de que el rol del académico no repita las prácticas de muchos otros que extraen información y no vuelven. Si uno se siente incómodo, tiene que poder reflexionar porqué sucede eso, y tiene que ver con un proceso que no nos incluye a nivel personal sino con la historia.

 —Si volvemos a la actualidad, el caso Maldonado dio notoriedad a las comunidades mapuches, y se las está señalando como de origen chileno ¿qué sustento tiene este argumento?

—Primero tenemos que entender que un Estado implica soberanía y control territorial. Los contornos actuales de Argentina no lograron tener ese control del territorio hasta principios del siglo XX, en el norte hasta 1911 hubo tropas movilizadas en lo que se conocía como el Gran Chaco. Para el caso de La Pampa y la Patagonia, en 1885 se produjo la última rendición de población Mapuche. Por lo tanto, si hasta ese momento no había un control soberano y territorial, que se dio a partir de prácticas genocidas, entonces tampoco existía los Estados como los conocemos hoy.

—¿Qué tan representativo de las comunidades es Facundo Jones Huala?

—Son referentes sui generis que surgen a partir de una situación de marginalidad, como en el caso de Bariloche que luego se traslada a la zona de El Bolsón. Cada Lonko tiene representación por su comunidad; decir que la RAM -Resistencia Ancestral Mapuche- es el mundo mapuche es un error, pero también lo es decir que todos están representados en la comunidad Aigo, en Neuquén, o en las comunidades de Los Toldos en Buenos Aires. No sería preciso señalar a Facundo Jones Hualas como un referente mapuche a nivel nacional, lo es para su comunidad. Sucede que a la hora de revindicar un proceso de recuperación territorial existe una unidad en la lucha, después la forma en que cada comunidad articula su dinámica es distinta. En lo personal, observo un proceso, en el caso de la RAM que no tuvo en sus inicios una red de contención más allá de su comunidad y eso le jugó en contra porque quedaron aislados. Después, mediáticamente se los amplificó como si fueran todo el mundo mapuche.

—Y en los estudios que ustedes realizaron a través del tiempo ¿les resulta nuevo el apellido Bullrich?

— Es un apellido recurrente en toda esta historia, porque es una familia que tuvo participación en la conquista del desierto. En realidad, muchas familias de la aristocracia porteña se beneficiaron actuando como mediadores. En lo que se denomina el modelo agroexportador argentino, estas familias, fueron de las más favorecidas mediando con capitales ingleses para la extracción de materia prima. La conquista del desierto funcionó como una empresa mixta, llevada adelante por el Estado pero solventada por capitales privados, entre ellos los Bullrich, que compraban bonos equivalentes a tierras en la época previa a la conquista, en 1878. La compra mínima era de cuatro bonos de cien pesos fuertes cada uno y eso equivalía diez mil hectáreas, de una zona que todavía no estaba dominada.

—En este contexto ¿Qué significado tiene la desaparición de Santiago Maldonado?

—Podríamos decir que, en el sur, es una práctica habitual la represión hacia comunidades indígenas por parte de gendarmería. A mediados de los noventa, en una represión en Neuquén, actúo gendarmería y un hecho anecdótico fue que la diputada enviada a observar el proceso conflictivo, como garante del Congreso, era Patricia Bullrich. Por lo tanto, no desconoce la temática. Quien lleva adelante el operativo de Cushamen es el jefe del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, defensor de Etchecolatz cuando desapareció Julio López. Tenemos una fuerza de seguridad que al poder político le permitió ingresar a un territorio en conflicto, cuando en realidad se suponía que solamente tenían que liberar una ruta. En este escenario, si pensamos en Santiago, podríamos decir que tomaron al que no conocía el territorio, pero otra postura es pensar que eligieron al que no es indígena para demostrar que el poder y la represión exceden a los pueblos originarios y va contra cualquiera que se atreva a ser solidario. Una práctica represiva que se puede dar en dictadura o en democracia, y que nos está diciendo «cada uno, a encargase de lo suyo». Además, hay otra cuestión, en enero de este año entraron en Cushamen, reprimieron con balas de plomo, torturaron en comisarías y casi no salió en ningún medio de comunicación. Porque debemos ser autocríticos en esto, y reconocer que la sociedad se moviliza cuando el que desaparece es un semejante.