La cárcel de mujeres y su doble violencia

Por Azul Martínez. Fotografía: Florencia Vizzi.

Otra vez, el Instituto de Recuperación de Mujeres Unidad n.º 5 de Rosario -Ingeniero Thedy 375 bis- vuelve a cobrar un preocupante protagonismo por un episodio donde la violencia de género y la violencia institucional se hicieron presentes en un lugar donde el abuso de poder y los maltratos son cosa de todos los días. Hace tan solo unos meses, a principios de febrero, se difundieron audios en los que las mujeres internas del establecimiento penal denunciaban las terribles condiciones que debían soportar estando dentro. Alimentos en mal estado, raciones pequeñas, presencia de alacranes y cucarachas, malos tratos por parte del personal y desatención médica eran algunos de los muchos reclamos que salían a la luz, pero que tampoco son ninguna sorpresa ya que es públicamente conocido el pésimo estado en el que viven las personas, y sobre todo las mujeres, que hoy se encuentran privadas de su libertad.

En su momento, la denuncia sirvió para que el asunto tomara difusión y de esa forma la Justicia interviniese. El defensor público adjunto, Andrés Bassini, acompañado de la asistente, Julia Giordano, y la defensora oficial, Claudia Torielli, se entrevistaron con las reclusas y terminaron presentando unas semanas después un habeas corpus que logró algunas mejoras en la calidad de vida de las mismas, sobre todo en lo que respecta a la alimentación de las niñas, niños y embarazadas, y en cuestiones de salud, con una mayor atención médica y controles más periódicos.

Sin embargo, otros puntos de la denuncia no fueron solucionados y hoy implica que la cárcel vuelva a generar una fuerte polémica. Esta vez, a partir de nuevos audios que recibieron familiares de las internas donde una de ellas contaba haber sido testigo, el miércoles por la noche, de una represión muy fuerte a varias de sus compañeras durante la requisa realizada por personal policial, que entró junto con el Servicio de Fuerzas de Seguridad. La misma se dio en la planta baja, donde se encuentra ubicado el pabellón de madres, por lo que había menores cuando ocurrió la violenta escena en donde, según uno de los audios, varias de ellas fueron «golpeadas con las cachiporras». Pero además, la salud de mujeres e hijos se vio afectada por un hecho excepcional que fue el uso de gas pimienta, rociado en todo el sector.

Sin Cerco habló con la licenciada en Psicopedagogía Social, Graciela Rojas, quien forma parte de la ONG Mujeres Tras las Rejas y trabaja desde hace varios años con las reclusas del penal en diversos talleres y muestras. Ella fue una de las primeras en acudir a la unidad e interiorizarse acerca de lo sucedido. Graciela relató que se encontró con dos informaciones muy distintas. La información que dan las reclusas y que conoció a través de los familiares y de ellas mismas, hablan de una requisa que se salió de control, donde hubo una fuerte represión por parte de la policía, sin importar que había chicos presentes. «Te imaginás lo que es esa violencia simbólica para los chicos, los gritos, los sonidos, las luces, las armas, todo eso, a pesar de que los niños puedan encontrarse familiarizados con situaciones de ese tipo, no es lo mismo verlo pasar a que se venga sobre uno», explicó Graciela.

Por otro lado, está la información oficial que dio el servicio penitenciario la cual fue brindada por la subdirectora del establecimiento, Virginia Godoy, ya que la actual directora, Susana Romano, se encuentra de licencia y está pronta a jubilarse, por lo que tampoco se cree que vuelva al penal. Godoy intentó restarle importancia a lo sucedido alegando que hubo un motín y que al entrar a hacer la requisa varias internas reaccionaron violentamente provocando el enfrentamiento y, como consecuencia de eso, se decidió el traslado de cuatro de ellas a la Unidad Penal de Mujeres n.º 4 de Santa Fe, medida legítima que la institución puede tomar de considerar necesario un castigo por insurrección.

El detonante, según expresan los audios, fue el hallazgo de teléfonos celulares, artefactos que las internas tienen prohibido usar dentro, a pesar de que hace tiempo vienen pidiendo que se les deje tenerlos. El motivo del reclamo se debe a que en la Unidad Penal n.º3 de varones -Zeballos 2943-, el uso de éstos está permitido por parte de las autoridades, al igual que otra serie de mejoras con las que cuentan como un espacio particular para dictar talleres, más posibilidades de visitas y de capacitaciones, en resumen: “una larga lista de cosas que ellos sí tienen y que a las mujeres se les limita”, explicó Graciela, quien destacó que en realidad los celulares fueron simplemente “la excusa para legitimar la forma violenta que las fuerzas de seguridad tienen en su accionar”.

En los audios, también se denunciaba que una de las trasladadas salió desmayada del penal a raíz de un fuerte golpe recibido en su cabeza, aunque Graciela confirmó que se comunicó con la subsecretaria de Políticas de Género, Gabriela Sosa, quien le aseguró que las mujeres se encontraban en buen estado. «Cuando no aceptás la presión que ejerce el sistema penal sobre vos, caés en lo que sería la desobediencia, se produce esta situación de que a parte a las mujeres se les pide ser sumisas y obedientes, y si están en la cárcel más todavía, porque se atrevieron a romper con el rol de género», declaró la psicopedagoga y a su vez consideró que es urgente incorporar la perspectiva de género dentro de las cárceles que, para ella, continúa ausente no solo en la provincia, sino también en el país y en el resto de América Latina.

Por último, Graciela contó que con las demás participantes de la ONG se encargaron de darle difusión a los audios principalmente en medios de comunicación para que el tema pudiese cobrar relevancia. A su vez, hablaron con concejales y en particular acudió a la cárcel la concejala del Frente para la Victoria, Norma López, quien luego se encargó de avisarle a Graciela que el asunto ya estaba en manos de un abogado defensor, sin dudas lo más necesario ante un hecho de gravedad como éste. «Es un camino legal, un camino en el que se puede vislumbrar una posibilidad de cambio, depende, pero lo más importante es que lo tome la parte judicial», concluye.