Abusos policiales: entre la organización y la complicidad

Por Candela Ramírez. Fotografía: Ana Isla.

El 8 de mayo de 1987, Agustín Olivera (20 años), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) estaban tomando unas cervezas en una esquina de Ingeniero Budge. Luego de un entredicho con efectivos de la Policía Bonaerense, fueron brutalmente asesinados por ellos. La gran movilización popular que se generó para que el caso no quedara impune, hizo que el hecho se replicara en los medios de todo el país. «La masacre de Ingeniero Budge» quedó como una marca indeleble de lo que hoy se conoce como «gatillo fácil».

En enero del 2013, la ley 26811 instituyó esta fecha como Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. Si bien la definición de «violencia institucional» incluye todo tipo de agresión perpetrada por cualquier nivel o área del Estado ya sea por acción u omisión, la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional –surgida hace cuatro años- hace un recorte hacia la violencia policial.

Desde una detención arbitraria hasta golpizas en las comisarías, las fuerzas de seguridad del Estado ejercen de forma sistemática prácticas abusivas de poder que en muchos casos han terminado con desapariciones forzadas de personas o casos de gatillo fácil.

En esta ocasión, desde Sin Cerco nos comunicamos con Leonardo Grosso –diputado nacional por el Frente para la Victoria y referente nacional de la Campaña contra la Violencia Institucional-, Vanesa Orieta –hermana de Luciano Arruga y miembro de la organización Familiares y Amigos de Luciano Arruga- y Agustín Parisi –referente de la Campaña en Rosario-.

«Las balas policiales se disparan contra los pobres»

«Desde la vuelta de la democracia hay cerca de siete mil casos de gatillo fácil», afirma Leonardo Grosso al tiempo que indica que todos los registros que se tienen son de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, son “registros militantes”. En este marco, el diputado cuenta que uno de los proyectos que se presentaron en el Congreso tiene que ver con que se haga un registro oficial -independiente del poder Ejecutivo- que dé cuenta de la violencia policial en Argentina.

“Hay una falta de sinceramiento, ahora que hablan tanto de sinceramiento”, ironiza en relación al discurso del gobierno nacional y recuerda al ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, al plantear que “si queremos tener una política de seguridad seria, necesitamos ver qué es lo que nos dicen las estadísticas, los números concretos».

Grosso considera que durante los doce años de gobierno kirchnerista “hubo un intento de resolver parte de estos problemas y el principal tiene que ver con integrar a nuestra sociedad, con incluir. Es imposible pelear por los derechos de una parte la sociedad, si el conjunto se muere de hambre. No hay justicia en una sociedad donde no hay justicia social”. También sostiene que se “avanzó en términos de control y conducción política de las fuerzas de seguridad, que tiene que ver la creación del Ministerio de Seguridad a nivel nacional”. Sin embargo, el diputado admite que la situación no está resuelta y que la violencia policial es una problemática que viene atravesando a todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia.

Siguiendo con los proyectos que se quieren trabajar en el Congreso, el dirigente cuenta que se está buscando que los policías exonerados no puedan volver a ser contratados en empresas de seguridad privada. También, que se declare a la tortura como un delito federal: “Planteamos que la competencia federal es mucho más especializada que entiende mucho más del tema y que también está por afuera de los poderes locales. Entonces permite avanzar mucho más rápido en esa denuncia”. Por último, también cuentan con un proyecto para que la violencia institucional se constituya como un agravante en sí misma.

“Hoy hay un prototipo de pibe peligroso y ese es el pibe humilde”

Por su parte, Vanesa Orieta –quien vivió en el seno de su familia lo que es la violencia policial- va más lejos y sostiene que el Estado está ausente desde la vuelta a la democracia. Su hermano fue desaparecido en enero de 2009. Luego de que Vanesa recorriera todas las comisarías, hiciera denuncias y sufriera amenazas, el cuerpo de Luciano fue encontrado en octubre del 2014. Todo indica -afirma- que hubo complicidad policial, judicial y política en la muerte y desaparición de su hermano.
En este sentido, difiere de la mirada de Grosso acerca de los avances en esta materia social. “En los barrios más pobres nunca recibimos contención de los gobiernos”, plantea. Así, si bien le preocupan las políticas del nuevo gobierno, piensa que no hubo grandes cambios en esta temática.

“No hubo una construcción masiva de viviendas para que la gente deje de vivir hacinada” ni tampoco hubo “una masiva entrada del Estado a los barrios, introduciendo intervenciones de tipo humanas”, cuenta. “Para los ojos de la clase media, la Asignación Universal por Hijo, los planes de trabajo, se pueden contemplar como adquisición de derechos, pero los que lo reciben siguen siendo personas que viven en un estado de pobreza y eso es violento. En el barrio se dice que estás ‘menos ahorcado’ pero no accedés a la totalidad de derechos”, sostiene.

Vanesa piensa que si los Estados hubieran tenido “una visión más comprometida” quizás “hoy no estaríamos lidiando con un gobierno de derecha”. En este sentido, prevé que en los próximos cuatro años se van a agudizar las medidas de control y represivas.

En relación a la fecha, celebra cualquier acción o actividad destinada a la visibilización de la problemática de la violencia policial que sufren tantos jóvenes argentinos. Considera que “hay que empezar a trabajar mucho la violencia institucional, que no empieza y termina con una detención arbitraria”. Así, plantea que “la violencia institucional empezó antes, cuando un niño o una niña ven violentados todos sus derechos” en relación a la salud, una vivienda digna y acceso a la educación.

Vanesa considera que hay una generalidad de falta de derechos que hacen que en determinado momento haya jóvenes que terminen en situaciones no deseadas. Por eso, entiende la importancia de visibilizar esta situación y profundizar el trabajo en relación a la defensa de los derechos humanos articulando con todos los equipos que trabajen el tema en todo el país.

“Hay que visibilizar quiénes son los actores que hacen que esa violencia institucional se sostenga: los sectores políticos y judiciales y los monopolios de la desinformación que hablan sólo de unas cosas y no de otras”, afirma.

“Hace falta de mucha organización para empezar a entender de qué se trata”, plantea Vanesa. Piensa que vivimos en un sistema que propone una “pacificación” en la que “la forma de tener una sociedad menos violenta es con más violencia”.

Con respecto a distintos fallos que han salido cuestionando las detenciones arbitrarias, esta militante por los derechos humanos afirma que “la policía tiene un poder tan grande que aunque haya fallos o legislaciones que digan determinadas cosas o cuáles son tus derechos, funcionan como ‘papel muerto’”.

Así, enumera las mismas prácticas que Grosso: detención por portación de cara, abusos y violaciones en las comisarías, estigmatización y persecución. “Hay todas medidas de control para repeler a ese sector social que está bien distinguido, discriminado, estigmatizado y criminalizado. Entender lo que es la violencia institucional es saber que hoy hay un prototipo de pibe peligroso y ese es el pibe humilde y parece que está permitido pararlo, detenerlo, hasta llegar a situaciones que a veces terminan en torturas y otras violaciones”.

Estos militantes territoriales coinciden en que las violaciones y agresiones de la Policía se dirigen siempre hacia los mismos: “Las balas policiales se disparan contra los pobres porque hay alguien que los quiere controlar o sacar del mapa. Porque las represiones son siempre contra los trabajadores y contra los piqueteros y los humildes, nunca son los casos de gatillos fácil en las protestas de señoras de Recoleta porque le cortaron la luz”- dice Grosso.

La campaña a nivel local

En Rosario, la Campaña contra la Violencia Institucional existe hace dos años, pero el 19 de mayo se realizará un relanzamiento en la Facultad de Derecho con paneles con familiares de víctimas y profesionales y académicos que se dediquen a esta cuestión.
Agustín Parisi es abogado y el encargado formal de la campaña en la ciudad. Nos cuenta que la misma está conformada por abogados y abogadas, profesionales de psicología y asistentes sociales. El militante habla de los distintos modus operandi de cada provincia y qué problemas aquejan a cada una. En el caso de Santa Fe, priman las golpizas en las comisarías y las detenciones “al voleo” por la vía pública.

En este sentido, la organización publicó un manual que se llama “Si te detienen”. El mismo se reparte en distintos barrios de la ciudad donde esta práctica abusiva se ejerce como parte del paisaje cotidiano.

A nivel nacional, el lunes 9 de mayo se realizará una jornada en la Plaza de los Congresos en la Ciudad de Buenos Aires donde participarán figuras del ámbito político, sindical y social y se tendrá como eje el rechazo al Protocolo «Antipiquetes» propuesto por el gobierno nacional.